La Cámara de Comercio e Industria anticipó ayer la decisión de judicializar la disputa que mantiene con el Ejecutivo por el elevado canon que impuso al proceso de revalida de las habilitaciones para la venta de alcohol.
La entidad patrocinará las presentaciones individuales de aquellos comercios que se sientan afectados por la medida, mediante el inicio de sendos recursos administrativos antes de recurrir a la justicia con un planteo de inconstitucionalidad contra la doble imposición que representa el canon y contra la legalidad de la resolución que creó ese tributo.
El 12 de julio pasado el Ejecutivo puso en marcha la revisión de los permisos comerciales para la venta de bebidas alcohólicas, mediante la reglamentación de la ordenanza 1550 de 2005 que impone un pago de 300 a 600 módulos fiscales -unos $1.200- para adherir al proceso.
El canon fue tildado de "excesivo" por la Cámara que llevó su queja al intendente Marcelo Cascón pero no logró la respuesta esperada. El mandatario ratificó el monto del tributo y aclaró que "está orientado a reducir la oferta de alcohol en Bariloche".
Ante la negativa la entidad impulsó entre sus asociados la presentación de quejas administrativas contra la resolución 2068, como paso previo al planteo judicial.
El gerente operativo de la CCI, Claudio Cabaleiro, informó a "Río Negro" que 75 comercios confirmaron a la entidad su decisión de iniciar las acciones administrativas y judiciales, mientras que otros 60 ya iniciaron similares presentaciones.
"No pedimos la rebaja sino la derogación del canon, creemos que si hay algún gasto administrativo que puede llevar este proceso de revalida nunca puede superar el trámite normal de una habilitación, que es de $90" explicó el dirigente empresaria.
La directora de Inspección General, Gabriela Costa, informó a este diario que hasta ayer se habían inscripto unos 600 comercios para revalidar sus habilitaciones sobre los más de 1.100 que están autorizados para trabajar en ese rubro.
La funcionaria relató que en los días previos al primer vencimiento de la inscripción recibieron un aluvión de presentaciones que "desbordó la mesa de entradas", demanda que se redujo notoriamente con la prorroga de ese plazo hasta el 15 de setiembre.
Cabaleiro consideró desacertada la imposición de un tributo elevado para desalentar la venta de bebidas alcohólicas porque afectará en mayor medida a los comerciantes que tienen ese rubro como un servicio más al cliente.
"Los comercios que se dedican a la venta de alcohol no van a dudar en pagarlo y en los barrios del Alto va a tener poca efectividad porque las bebidas se venden en domicilios particulares que no tienen ningún tipo de habilitación" aseguró.