La jueza de Familia Nº 2 de Comodoro Rivadavia, Diana Silvia Golubcyk de Kazakevich, rechazó el pedido de un aborto no punible de María, la segunda niña de 15 años, violada por su padrastro en esa ciudad chubutense, que esperaba el aval legal para interrumpir la gestación producto del ataque sexual. La decisión de la magistrada llama la atención: apenas cuatro días antes, el Superior Tribunal de la provincia respaldó por unanimidad el aborto no punible de A.G., otra muchachita que fue embarazada en circunstancias similares. Los dos casos son idénticos. Golubcyk, sin embargo, tomó distancia de la sentencia de la Corte: “no es vinculante” y “carece de fuerza obligatoria para resolver en el presente caso”, alegó en el fallo. El lunes, la defensora oficial que representa a María recurrirá la resolución. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adelantó que se presentará como amicus curiae para apoyar el reclamo de María, como hizo en el otro caso. Ayer, A.G. fue dada de alta y regresó a su casa, luego de que, finalmente, se le realizara el aborto no punible en un hospital de Trelew.
La resolución de la jueza Golubcyk resultó inesperada. Especialmente después de que el miércoles el Comité de Bioética del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia dictaminara que se puede llevar adelante la práctica solicitada. La niña cursa la semana 22 de gestación. La magistrada privilegió la defensa del derecho del no nacido frente a la vida y la salud de María, como había hecho en el caso A.G. su colega del juzgado Nº 3 Verónica Daniela Robert. Pero, además, sostuvo que no es competencia suya interpretar normas penales, dado que pertenece al fuero de Familia. “Es una posición equivocada”, consideró el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén, desde Nueva York, en diálogo con Página/12. El funcionario señaló que el caso no debió judicializarse, pero una vez que llegó a los tribunales es obligación de la magistrada darle una respuesta favorable. “Si no, se encuentra sin salida”, destacó.
Alén sostuvo que el caso encuadra en el permiso para abortar previsto en el inciso 1º del artículo 86 del Código Penal. A su criterio, se trata de un aborto terapéutico porque está en riesgo la salud física y psíquica de María. En cambio, la Corte chubutense enmcarcó el caso A.G. en el inciso 2º del 86, es decir, lo autorizó por tratarse de una gestación producto de una violación. Despejó así dudas frente a las interpretaciones de los sectores más conservadores que pretenden que sólo aquellas con discapacidad mental que enfrentan un embarazo producto de un ataque sexual tienen derecho a un interrumpirlo. “La interpretación restrictiva del inciso en análisis implica atribuir a las mujeres actos heroicos que el derecho no puede imponer”, fundamentó el Superior Tribunal.
Alén informó que la Secretaría de Derechos Humanos acompañará el reclamo de María, que ahora se discutirá en la Cámara de Apelaciones de Comodoro. “Vamos a presentarnos el lunes como amicus curiae (amigos del tribunal)”, anunció.
Al conocer el fallo desfavorable, Matilda, la madre de María, rompió ayer en llanto. Ya escuchó muchas veces a su hija, desde que le contó sobre el ataque sexual, que no quiere seguir adelante con el embarazo. Eso mismo le dijo la niña con firmeza a la jueza Golubcyk, en el marco de una audiencia que se celebró a mediados de la semana. María denunció en la fiscalía especializada en delitos sexuales que fue violada por su padrastro, a quien ella consideraba su padre biológico. El hombre continúa en libertad.
El caso de María –como el de A.G.– muestra la necesidad imperiosa de que se implementen en cada provincia guías de atención de los abortos no punibles, para que los médicos sepan cómo actuar, no intervengan los tribunales, y tampoco se demoren las prácticas amparadas en la legislación. El Superior Tribunal hizo una sugerencia en ese sentido al gobernador Mario Das Neves en el fallo que firmaron el lunes los integrantes de la Sala Civil. A.G. tuvo que esperar dos meses una autorización judicial para abortar.
La ¿desorientación? de los efectores de salud en Chubut quedó en evidencia en el proceder del Hospital Regional, que depende de la provincia. Cuando la Justicia le pidió que se pronunciara sobre el pedido de A.G., se conformó un comité ad hoc, que rechazó la posibilidad de que se llevara adelante el aborto no punible, es decir, se negó a cumplir con la ley. Privilegió la vida del no nacido. Pero más grave aún, el jefe del Departamento de Tocoginecología de ese centro de salud, Juan Pires, dictaminó –según consta en la página 11 del fallo del Superior Tribunal en el caso A.G.– que un aborto sólo se puede practicar hasta la semana 10 de gestación, lo que ya no implica una mala interpretación de una norma sino un desconocimiento de la ciencia médica.
El mismo hospital, algunas semanas después, rechazó hacerle un aborto no punible a María, aunque la niña fue acompañada por una carta de la Defensoría Oficial que la avalaba y que buscaba no judicializar el caso. Finalmente, el miércoles el Hospital Regional convocó a otros profesionales para conformar un nuevo Comité de Bioética, y ante un pedido del Juzgado Nº 2 de Familia, determinó que es posible la interrupción del embarazo de María. La Cámara de Apelaciones tendrá que expedirse ahora: en el caso A.G. falló negando el derecho de la niña violada a interrumpir la gestación.

LA DISCUSION SOBRE EL ABORTO EN EL CONGRESO
Un debate que es inevitable
¿Será el 2010 el año en que se logre abrir el debate por la legalización del aborto en el Congreso? Diputadas y diputados de distintos bloques, desde el oficialismo hasta la oposición, se han propuesto ese objetivo y están analizando estrategias para conseguir que el tema salte el cerco que lo mantuvo silenciado en los últimos años en el ámbito parlamentario. En la mayoría de los partidos hay un número significativo de apoyos a una reforma legal que saque del Código Penal el aborto, pero algunos de los adherentes no se animan a decirlo abiertamente. Es curioso: no hay investigaciones que señalen que promover la despenalización o legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) “piante” votos. Incluso, según mostró la Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas que realizó el Conicet bajo la dirección de Fortunato Mallimacci en 2008, los fieles se sienten más cercanos a un discurso laico. Pero la clase política vive en otra sintonía y teme reverencialmente el veto de las jerarquías católicas locales, con la que suelen tener aceitados vínculos y prefiere autocensurarse. Por eso del tema no se habla, aunque las consecuencias de los abortos inseguros, a los que se ven forzadas mujeres de sectores más desprotegidos, es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de veinte años y dejan un costo alto en la salud pública las lesiones uterinas y en otros órganos femeninos producto del uso de métodos precarios.
Se estima que cada año alrededor de medio millón de mujeres deciden una IVE en la Argentina, a pesar del Código Penal. “Es una de las pocas leyes que con su sola aprobación salva vidas, al sacar de la clandestinidad a las mujeres que ponen en riesgo su cuerpo y su vida por tener que recurrir a un aborto inseguro”, señaló a Página/12 la diputada Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, sobre el impacto que tendría la legalización. La proporción de muertes maternas por aborto en el país es más del doble de la estimación de la Organización Mundial de la Salud para toda la región latinoamericana. “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”, es un viejo cántico que repiten las organizaciones de mujeres. Es muy probable que si los hombres se embarazaran, también.
El Comité Nacional de la UCR aprobó el lunes, en el Día Internacional de la Mujer, una agenda de género, que incluye la despenalización del aborto, lo que significa que legisladores radicales se comprometieron a impulsar el debate de una reforma legal este año. “Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz y Gerardo Morales nos acompañan con este tema”, confió una diputada de la UCR, con larga trayectoria en el movimiento de mujeres.
Al proyecto que presentó esta semana Nuevo Encuentro, el espacio que encabezan Martín Sabbatella y Carlos Heller, para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, se sumará otra iniciativa similar consensuada en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que integran más de 250 organizaciones de mujeres, sociales, gremiales a lo largo del país. El proyecto de la Campaña ingresará el martes a la Cámara de Diputados de la mano de un abanico de legisladoras y legisladores de un amplio espectro político: la primera en firmarlo días atrás fue la kirchnerista Juliana Di Tulio, con el aval y respaldo de las autoridades del bloque oficialista. Y en los últimos días ya plasmaron su adhesión 24 diputados más: las radicales María Luisa Storani, Silvia Storni, Silvana Giúdici y Néstor Hugo Castañón, los socialistas Miguel Barrios, Lisandro Viale, Mónica Fein y Alicia Ciciliani; Cecilia Merchán y Victoria Donda, de Libres del Sur; Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica; Fabián Peralta, Gerardo Milman y Horacio Alcuaz, del GEN; Adela Segarra y Adriana Puigróss, del FpV; Héctor Alvaro, del bloque La Concertación de Mendoza; María Josefa Areta, del Frente de Todos de Corrientes; Nélida Belous, de Proyecto Progresista de Tierra del Fuego; Verónica Benas, del SI; Claudio Lozano y Liliana Parada, de Proyecto SUR. Ya adelantaron que lo acompañarán también Margarita Stolbizer, líder del GEN, y los cinco diputados de NE.
El proyecto de la Campaña, en realidad, ya fue presentado en Diputados en 2008, con 22 firmas. Pero nunca se trató. El 1° de marzo perdió estado parlamentario y por esa razón vuelve a ingresar. Básicamente, consagra el derecho de toda mujer a decidir una IVE durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. Las diferencias con la iniciativa de Nuevo Encuentro no son grandes. Unos y otros remarán para el mismo lado.
El presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, tiene en mente un proyecto menos jugado, que tal vez podría arriar más tropa propia: no hablaría de legalizar, sino de clarificar los alcances de los permisos ya previstos en el Código Penal, para evitar la judicialización y las interpretaciones restrictivas de las excepciones. En 2007 y 2008 se discutieron en comisiones proyectos que reglamentaban el acceso a los no punibles, pero finalmente los tratamientos quedaron congelados. Además, a fines de 2008 se llegó a un predictamen para ampliar las excepciones, promovido por el oficialismo, pero también fue cajoneado por el propio kirchnerismo. Los permanentes obstáculos para acceder a los abortos no punibles fueron eje de una dura reprimenda, esta semana, del Comité de Derechos Humanos de la ONU a la delegación oficial que presentó el informe argentino y que encabezó el secretario de DD.HH. Eduardo Luis Duhalde.
En la bancada del FpV, como en la mayoría de los bloques, no hay una posición unánime en torno de la despenalización del aborto. Como ocurre con la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, los apoyos se cuentan transversalmente en la Cámara de Diputados.
Las expectativas entre quienes promueven el debate son lograr que se inicie el tratamiento en comisiones en el segundo semestre, pero antes deben reunir “una masa crítica” de adhesiones. “Vamos a tratar de que este año se pueda discutir finalmente”, dijo Di Tulio a este diario. Uno de los escollos se centra en la presidencia de la comisión de Legislación Penal por la que deberán transitar los proyectos. Está encabezada por Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Quienes lo conocen dudan de que quiera enfrentarse con Elisa Carrió. Es conocida la posición alineada con la Iglesia Católica de la líder de la CC en este tema. La otra comisión por la que pasarán los proyectos es la de Salud, cuyo presidente es Antonio Arnaldo María Amorante, del FpV.
La última vez que el problema del aborto se instaló con fuerza en la agenda política nacional fue en 1994, durante la Convención de la Reforma de la Constitución Nacional, cuando el entonces presidente Carlos Menem, como vocero de la jerarquía católica, pretendió incorporar a la nueva Carta Magna un artículo que garantizara la protección de la vida desde la concepción, con el objetivo de blindar la posibilidad de avanzar hacia la despenalización o legalización del aborto. Es lo que hicieron en los últimos dos años 18 de los 31 estados mexicanos, para evitar que se replicara la legalización lograda en el Distrito Federal en 2007. Pero la iniciativa menemista se topó con una nutrida resistencia, conformada por un grupo significativo de mujeres en el seno de la Convención –Ley de Cupo mediante– y con la oposición de organizaciones feministas y mujeres autoconvocadas. Finalmente, la iniciativa no prosperó y se sancionó un artículo ambiguo y confuso. Fue un gran logro de las mujeres, que le hicieron frente a la avanzada “anti derechos” o “pro vida”. El entonces cardenal Antonio Primatesta, arzobispo de Córdoba, sintetizó el fracaso de la movida cuando afirmó que “Dios se quedó en el frontispicio, no entró en la Constitución”.
Una alianza transversal de legisladoras –y aliados– logró en 2002 la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Saldrá el aborto este año del closet y dejará de ser la legalización de esta práctica tabú en el Congreso?
“Prohibir el aborto es gorila”, desafió a la Presidenta con carteles y a los gritos un grupo de feministas desde los palcos en la inauguración de las sesiones ordinarias. “Hay que escuchar a todos”, respondió la mandataria. Permitir el debate en el ámbito parlamentario –donde debería darse– contribuirá a escuchar a todos y, fundamentalmente, a todas