Tanto en la provincia como a nivel nacional, la Justicia busca que los mismos operadores jurídicos, producto de prejuicios y machismos, no sean los que dificulten la cesación de la violencia contra las mujeres.
En Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia inaugurará la Oficina de la Mujer, hoy a las 12. Ésta realizará investigaciones para detectar comportamientos estereotipados en cuestiones de género y, a la vez, capacitará a todos sus operadores judiciales para sensibilizarlos en esta temática y promover acciones positivas a fin de eliminar toda discriminación en relación a la mujer. “De esta manera, se da cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado en los convenios internacionales”, informó el TSJ.

Falencias. En Buenos Aires, ayer se presentó la investigación “Discriminación de género en las decisiones judiciales”, que mostró que la Justicia penal argentina muestra graves falencias en el procesamiento de las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género, a quienes trata con estereotipos que aseguran impunidad a los crímenes y tiende a su perpetuación.
El estudio fue presentado por las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, y la defensora oficial Stella Maris Martínez, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
La defensora advirtió que en los casos de violencia de género no se toma ninguna medida “hasta que no se agotan otras pruebas subjetivas”, porque se trata de una mujer agredida “no en tanto propietaria, sino en tanto propiedad”, en crímenes “que ocurren en la vida privada para que la sociedad no se inmiscuya”. “No faltan más leyes, sino conocimiento y sensibilización de los operadores de la justicia penal para que no prevalezca una mirada que elimina el control público del ámbito privado y presenta el hogar como una zona franca, lo que refuerza la inmunidad del agresor”, cuestionó Martínez.
Highton de Nolasco advirtió “un cambio de actitud en los jueces penales, quienes desestimaron el 89 por ciento de los casos en el primer año de la Oficina contra la Violencia Doméstica, y en el segundo año, el 66 por ciento”, por lo que disminuyó el rechazo.
Por su parte, Argibay se quejó porque los magistrados se topan a menudo con un obstáculo insalvable en la investigación de las causas: “siempre se hizo así”.
“Cuando nos dicen que ‘siempre se hizo así’, eso significa que no hay argumentos para explicar por qué se hacen mal las cosas. Contra eso estamos luchando, porque todos estamos jugando el mismo partido”, resumió.

Apross, adelante. A partir de ayer, las personas que son víctimas de violencia familiar y estén afiliadas al Apross podrán recibir asistencia sanitaria integral por la situación que padecen.
Así, Córdoba se erige en la primera provincia cuya obra social otorga esta cobertura en un programa específico que contempla consultas médicas, psiquiátricas y psicológicas, tanto individuales como grupales y familiares.
Además, incluye la confección de historias clínicas especializadas; el empadronamiento y seguimiento de grupos de riesgo; preservación de la confidencialidad de las víctimas y el registro on line de todas las acciones asistenciales. El lunes se darán más detalles.