Tras una hora de reunión, el Gobierno y dirigentes de los discapacitados llegaron anoche a un preacuerdo en Santa Cruz, que establece un bono para 2012 de 1.000 bolivianos para los discapacitados “graves” y “muy graves”. El acuerdo podría consolidarse hoy si las bases del sector lo aceptan
La reunión se instaló a las 22:30 de ayer entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el diputado Jaime Estivariz, y el dirigente de los discapacitados, Mario Torrico, quien explicó que hubo un “acuerdo verbal” entre ambas partes, en el que el Gobierno aceptó la propuesta que beneficiaría a unas 20 mil personas en el país.
“Nos han aceptado y mañana (por hoy) nos van a presentar un perfil de proyecto para llevar a la caravana. Un decreto permitiría el bono de mil pesos a personas graves y muy graves. Mientras, trabajaremos todos juntos (el Gobierno y el sector con discapacidad) para el próximo año una ley”, dijo Torrico.
Romero, en tanto, no quiso dar detalles sobre la conclusión de la reunión, pero aseguró que había una “buena actitud y predisposición” por parte de los dirigentes. “Les hemos explicado que vamos a trabajar un documento borrador esta noche (por ayer) para proponérselos mañana (hoy). Vamos a hacer una propuesta escrita y seguramente vamos a seguir conversando, pero hay buenos avances”.
Romero también dijo que a lo largo de la reunión se intercambiaron criterios técnicos sobre la sostenibilidad del bono, así como el potencial crecimiento vegetativo de la población beneficiaria, aspectos que se deben considerar antes de tomar una decisión.
El pasado miércoles, en Cochabamba, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, convocó a una reunión a los dirigentes en la que oficialmente se hizo conocer la propuesta del Gobierno de otorgar mil bolivianos para las personas con discapacidad muy grave; aunque los dirigentes rechazaron la propuesta e insistieron en un bono de tres mil bolivianos, ambas partes se comprometieron a consultar y analizar las propuestas.
Los dirigentes consultaron con sus bases, por lo que propusieron al Gobierno aceptar los mil bolivianos pero extender la población beneficiada, incluyendo a las personas con discapacidad grave y muy grave.
En tanto, el Gobierno también hace consultas técnicas sobre la sostenibilidad del bono y no quiso adelantar criterios para no entorpecer el diálogo.