La secretaria de Salud Mental y Adicciones, Claudia Román Ru, dijo que unos 40 pacientes psiquiátricos sobre los que había trascendido que se desconocía su destino están en la colonia Nicolás Lozano y serán trasladados al hospital Miguel Ragone en los próximos meses.
La funcionaria negó categóricamente que en algún momento hubiera faltado información sobre dónde permanecían alojados los internos y cuál sería su futuro.
El Gobierno de la Provincia decidió que los 70 pacientes del centro Nicolás Lozano, en Potrero de Linares, fueran derivados al hospital Ragone y que la colonia psiquiátrica se cerrara definitivamente.
El jueves, el Ministerio de Salud difundió que se había trasladado a 30 internos de Potrero de Linares hacia el nosocomio de la Capital y surgió confusión sobre el destino de los 40 restantes.
El Ministerio Público había pedido informes urgentes sobre la suerte de las 40 personas que no figuraban en el listado de quienes habían sido reubicados en el hospital Ragone.
"Nunca se dijo que se trasladaría a todos los pacientes juntos. Viajaron primero unas 30 personas y las demás se quedaron en la colonia mientras se busca el momento más adecuado para completar el cambio", aclaró Román Ru.

"Modelo agotado"
El Ministerio de Salud informó hace un mes que el centro Nicolás Lozano se cerraría este semestre porque representa "un modelo de atención perimido que aísla a quienes tienen problemas mentales" en lugar de insertarlos en la comunidad.
La defensora oficial civil Natalia Buira había presentado en febrero un recurso de amparo denunciando la "violación a los derechos humanos" de los internados en Potrero de Linares por falta de una contención adecuada.
Buira pedía la implementación de tratamientos que apuntaran a la recuperación de los pacientes para que volvieran con sus familias en la medida de lo posible.
El recurso de amparo seguía su curso en la Justicia hasta que se concretara el anuncio oficial sobre el cierre de la colonia y cambiara el sistema de atención.
Sin embargo ayer se conoció que, por decisión del juez a cargo del caso, deberá seguir tramitando la causa la asesora general de incapaces, Mirta Lapad, en lugar de Buira por una "cuestión de competencia".

Un giro en la causa judicial
El juez Mario D’Jallad dispuso ayer que la asesora general de incapaces, Mirta Lapad, siga tramitando el recurso de amparo iniciado por la defensora oficial civil 4, Natalia Buira, para reclamar mejor atención para los pacientes psiquiátricos en Salta.
El magistrado a cargo de la causa sobre personas con problemas de salud mental consideró que le correspondía a Lapad intervenir en el caso por una cuestión de competencia, pese a que Buira había iniciado la demanda. El recurso de amparo presentado a principios de febrero por Natalia Buira pedía tratamientos integrales para los pacientes de la provincia.
La defensora oficial también reclamaba el cierre de la colonia psiquiátrica Nicolás Lozano por considerar que no reunía las condiciones básicas para la rehabilitación de los internos.
La secretaria de Salud Mental y Adicciones, Claudia Román Ru, dijo que la clausura estaba decidida "hace dos años" pese a que no se había anunciado formalmente.