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Farmacología
Argentina | 08-11-2018

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FEFARA insistió que la farmacia es un servicio de utilidad pública   
Pharma Baires ( Argentina )
FEFARA insistió que “la farmacia es un servicio de utilidad pública” y el ex ministro Ginés González García coincidió que en “momentos de crisis” es cuando más debe valorarse el trabajo de los farmacéuticos.

“La farmacia es un servicio de utilidad pública y que la Constitución provincial puntualiza en su artículo 36 inciso 8 que el medicamento, por su condición de bien social, integra el derecho a la salud y obliga al Estado provincial a asegurar la participación de profesionales competentes con el objetivo de garantizar su seguridad, eficacia y disponibilidad”, señaló Manuel Agotegaray, presidente de FEFARA durante su exposición.

“Es indiscutible la facultad de las provincias de reglamentar el ejercicio de profesiones liberales, dentro del poder de policía que les está reservado”, reforzó Agotegaray, en referencia a Buenos Aires pero también a Santa Fe, que es otro de los territorios provinciales que tiene vedado el ingreso de cadenas de farmacias propiedad de sociedades anónimas.

“Cuando la ley provincial regula la propiedad de las farmacias, lo hace delimitando la modalidad del ejercicio profesional. Parece claro advertir en el espíritu de la ley, que la titularidad del establecimiento o la propiedad de la farmacia es una cuestión inherente e inseparable del ejercicio profesional, actividad que requiere habilitación expresa de la administración provincial (poder local no delegado) sujeta a reglamentación y control”, agregó el presidente de FEFARA.

Agotegaray explicó que “la postura de FEFARA se basa en la defensa de la constitucionalidad de la ley 10.606, de manera especial a lo establecido en los artículos 3 (habilitación) y 14 (propiedad)”.

“El sostenimiento de nuestra convicción, en el sentido que la ley provincial sanitaria 10.606 no excede la competencia reconocida a los poderes locales. O, en otras palabras, que estamos en presencia de un poder no delegado por las provincias a la Nación”, destacó FEFARA.

También FEFARA subrayó “la inexistencia de arbitrariedad (por parte de la provincia de Buenos Aires), entendiendo que el legislador provincial tuvo como razón el interés público comprometido en el caso, como lo es el derecho fundamental a la salud. El cual, como es sabido e indiscutible, no es un poder delegado por la Provincia a la Nación”.

Por último, Agotegaray reivindicó “la férrea e irrenunciable defensa de la legalidad y legitimidad del ejercicio profesional farmacéutico”.

El ex ministro de Salud, González García, resaltó que “en momentos de mucha crisis, es necesario mucho el trabajo de los farmacéuticos, como sucede con el tema de los genéricos, que requiere de una alta profesionalización de la dispensa”.

El ministro de Salud aseguró que la discusión no giraba en torno a cuestiones de mercado, como propone Farmacity, “sino a las políticas sanitarias” y “sobre la facultad de las provincias para decidir esas políticas sanitarias”.

Gines González García recordó su paso como embajador por Chile para explicar las consecuencias negativas de un modelo de concentración, ya que en el país vecino tres cadenas monopolizan el 92 por ciento del mercado, “lo que generó un problema serio de accesibilidad, con barrios marginales de Santiago que no tienen farmacias y los precios de los medicamentos los más altos del continente”.

“Cuando las cadenas tienen una posición monopólica actúan sobre los medicamentos”, advirtió González García, cuyo nombre fue uno de los más aplaudidos por los cientos de farmacéuticos concentrados en Plaza Lavalle, cuando se lo mencionó como uno de los expositores de la audiencia convocada por la Corte Suprema.