La investigación y el desarrollo de medicamentos por parte de la industria privada en todo el mundo ha permitido avances significativos en la lucha contra las enfermedades. Pero, al mismo tiempo, el avance alcanzado por la industria farmacéutica le otorga un enorme poder económico y político.
Estas empresas influyeron de manera activa en la elección de George W. Bush, que les agradeció imponiendo a la Organización Mundial del Comercio la extensión a 20 años de los derechos de patente. Esto implicó la muerte por sida de más de dos millones de seres humanos por año, porque sus gobiernos no podían pagar el costo del tratamiento con el cóctel de específicos que transformó en crónica esa enfermedad mortal.
En regiones paupérrimas de África, Asia y América latina, algunas compañías convierten a seres humanos en cobayos, y se ahorran los costos de ciertas fases de los protocolos de investigación.
Recordemos que el presidente constitucional Arturo Illia fue derrocado por anular los contratos petrolíferos y por impulsar la llamada “ley Oñativia”, que corregía la nefasta conversión de la salud en un bien transable.
Y siempre resultó inexplicable que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que este año cumple el vigésimo aniversario de su fundación, nunca haya podido alcanzar una aceptable estructura, a escala nacional de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
En estos días, ha tenido repercusión internacional la muerte en nuestro país de 14 bebés de familias pobres, sometidos entre 2007 y 2008 a los ensayos de una vacuna contra la neumonía y la otitis aguda. El magistrado federal que falló en contra del laboratorio y de dos médicos que administraban esos estudios detectó graves irregularidades a la hora de obtener el consentimiento de mayores que actuaban como subrogantes de sus pequeños. Algunos consentimientos fueron dados por padres menores de edad, abuelos que no estaban autorizados a hacerlo o parientes analfabetos. También se estableció que se proporcionó la vacuna sin que se conocieran los necesarios antecedentes clínicos de los niños.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud, que acusó al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, de mirar “para el costado”, reclamó “un Estado mucho más presente, que tenga una ley de investigación clínica y bioética médica”, para evitar que “grupos privados se apropien de los hospitales públicos para llevarse plata de las investigaciones y para que respeten a rajatabla los derechos humanos de los pacientes”.
La corrupción estructural hace de la Argentina un país totalmente desregulado sin necesidad de legislación alguna.