Nos hemos acostumbrado a aceptar en forma casi pasiva la utilización de herbicidas y pesticidas en la producción agropecuaria, como una práctica rutinaria sobre la que ni tan siquiera, casi como generalidad, intentamos reflexionar.
En oposición a este comportamiento, habitantes de las zonas urbanas lindantes con campos en producción –afectados por las fumigaciones de los sembradíos– concurren con sus quejas al municipio competente, pero encuentran poca o ninguna respuesta para sus inquietudes, por no poseer ese nivel del Estado potestad sobre las zonas rurales.
Los ambientes urbanos (habitantes, flora y fauna) son sometidos a los nocivos efectos de diversos productos tóxicos de alta potencialidad, principalmente las formulaciones comerciales del glifosato. Recientes estudios toxicológicos, realizados por instituciones científicas independientes, parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como “toxicológicamente benigno”, tanto en lo sanitario cuanto en lo ambiental.

Registros perdidos. A nivel eco-tóxico-epidemiológico, la situación se ve agravada no sólo porque son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar sus impactos sobre la salud humana y el medio ambiente. La situación se complica porque los responsables de los estudios que inicialmente se efectuaron en Estados Unidos para el registro y la aprobación del herbicida han sido procesados por el delito de prácticas fraudulentas, tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos sometidos a examen; falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para obtener resultados falsos.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, usado para eliminar malezas indeseables (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas) en predios agrícolas, forestales y paisajísticos. Se argumenta que la toxicidad del glifosato es baja, aunque, sin embargo, los productos que lo contienen poseen, además, otros compuestos que elevan su potencialidad tóxica. Esos productos llegan al ecoambiente urbano y a los cauces de agua principalmente por su dispersión en el aire, en forma de microgotas producidas por los equipos de fumigación.
Vecinos de localidades de Córdoba, alarmados por los efectos de los plaguicidas, dieron la voz de alerta ante las consecuencias del uso de agroquímicos en el ambiente y en la salud humana. Organizaciones no gubernamentales (ONG) buscaron, luego, la mediación política y el tema ganó el apoyo de la opinión pública. Como sucede en las democracias desarrolladas, las causas ambientales son las que reúnen en una misma organización a los expertos, a los ambientalistas y a los buenos vecinos preocupados por la contaminación.
Numerosos fallos acogieron las demandas al dar por comprobado –mediante testimonios de los afectados y por innumerables investigaciones practicadas– que el daño es real y que el glifosato afecta a la salud de personas, animales y al medio ambiente.
Proponemos modificar la ley 9.164 y su reglamentación para establecer la restricción de fumigar con agroquímicos en una zona de 800 metros en torno del límite comunal o de zonas pobladas y de los cursos de agua por vía terrestre; y de 1.500 metros por aire. Planteamos la preeminencia del medio ambiente y la salud sobre planteos productivistas.