La portavoz del grupo parlamentario popular, Esperanza Oña, aseguró ayer que su grupo apoyará el proyecto de ley sobre muerte digna salvo que surjan "escollos muy dramáticos". El Parlamento debate hoy la ley y la gran incógnita es si los populares votarán a favor o se abstendrán, una vez que el voto en contra se da por descartado. "Ninguna persona sensata puede negarse a la dignidad en el proceso de la muerte", señaló ayer Oña.
Las afirmaciones de la portavoz popular no contribuyen a despejar la duda de si su grupo respaldará del todo el proyecto. Admitió que es muy improbable que el PSOE acepte alguna de sus enmiendas, lo que hace pensar que el PP ha asumido que la ley no va a contemplar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, que es el cambio más sustancial que pedían los populares.
Oña pidió al PSOE que sea "más generoso" a la hora de aceptar propuestas de los demás grupos, pero no descartó votar a favor de la ley. "No creo que haya problemas, porque el PP está de acuerdo con la muerte digna que recoge el Estatuto. Casi sería sorprendente que no aprobáramos la propuesta. Tendría que haber escollos muy dramáticos", aseguró Oña, que afirmó que su partido apuesta "por alcanzar el máximo consenso posible". Con todo, aseguró que su grupo "siempre" espera "hasta el final" para decir el sentido de su voto.
Los populares se abstuvieron en la votación del dictamen sobre las enmiendas, que contó con el voto a favor de PSOE e IU.
La futura ley, primera que se aprobará en España sobre la materia, reconocerá el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. El proyecto redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, reconoce los derechos de recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contrandicados. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.