Luego de que se anunciara la implementación de un plan de salud elaborado por el ex legislador y ex jefe de Gobierno Enrique Olivera para que 600 mil personas que no tienen cobertura médica puedan ser atendidas de igual modo en la Ciudad, desde la Defensoría del Pueblo porteña, su titular, Alicia Pierini, y su adjunto, Gerardo Gómez Coronado, celebraron la noticia, pero pusieron en duda la eficiencia en su implementación, es decir, cómo se vaya a abordar la iniciativa desde el Gobierno local.
Mediante un comunicado, los funcionarios expresaron que “celebran la reglamentación con dos años de demora de la Ley 2.597, pero alertan sobre el accionar del Ministerio de Salud, que según manifestaron “no podrá disimular su falta de gestión amparándose en la implementación del plan, cuya sanción contó oportunamente con un gran consenso técnico y parlamentario”.