Hay unos 300.000 ciudadanos con distintas discapacidades. Muchos de ellos tienen restringido el acceso a la educación. La mayoría de los centros de todos los niveles no cuentan con las condiciones edilicias adecuadas. Este tipo de dificultades impide que una gran parte de la población pueda gozar de su derecho a estudiar. Los partidos políticos coinciden en la necesidad de mejorar la gestión educativa, y en particular garantizar el acceso de todos los niños, jóvenes y adultos a la educación formal, obligatoria o no.
"Las garantías de la educación a todos los niños y niñas debe darlas el Estado, y si los niños y niñas necesitan una atención especial, no se debe escatimar un centavo", dijo una fuente de la comisión que prefirió no identificarse por la decisión de ésta de que no se dieran informaciones a la prensa.
La Comisión Interpartidaria de Educación se reunió ayer con el fin de trabajar sobre la gestión de la educación nacional y la inclusión. La descentralización, el acceso, la diversidad del estudiantado teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener tanto de aprendizaje, como intelectuales y físicas fueron parte del eje de la reunión.
Los partidos políticos acordaron en principio trabajar sobre la inclusión teniendo en cuenta las discapacidades de los alumnos, por lo cual se procurará que mediante las políticas que se aplicarán en este período, se garantice el derecho a estudiar de todos, en todos los niveles. También se puso énfasis en la necesidad de la formación de los docentes para atender estas necesidades, y en la instalación de equipos multidisciplinarios en los centros educativos para poder hacer un seguimiento y atención a los estudiantes que requieran una atención especial. Además se planteó la preocupación por asegurar la continuidad de la formación de los niños con discapacidades.

Propuestas
Fuentes de la comisión explicaron a LA REPUBLICA que el tema de la gestión se trató desde la necesidad de la descentralización de la educación, y la coordinación interinstitucional para "mejorar la calidad educativa".
La Ley de Educación 18.437 establece la coordinación de las instituciones educativas y se conformó para ello un Sistema Nacional de Educación Pública. La aplicación de la norma, desdes la "eficiencia" y "mejora de la gestión" es uno de los puntos que deberá ahora acordar la Comisión Interpartidaria.
Dentro del aspecto de la gestión y el acceso a la educación ­punto que fue tocado en las anteriores reuniones en un marco de igualdad de derechos para niños, jóvenes y adultos­ estuvo la atención a la diversidad.
La comisión ya llegó a generar algunos documentos sobre acuerdos para trabajar durante este período en la educación inicial, primera infancia y primaria. Se informó ayer que las demás comisiones (educación media básica, superior y terciaria) siguen elaborando sus propuestas con base en los acuerdos políticos logrados.
La ampliación de la cobertura en general estuvo a la orden en la discusión de la comisión, en todos los temas. A su vez, la garantía del acceso a las personas de contexto crítico es parte de los acuerdos que le serán entregados al presidente Mujica para que los responsables de entes, ministerio y otras dependencias, se enfoquen en generar las políticas que garanticen el cumplimiento de los acuerdos.