Una diferencia “técnica” volvió a poner al jefe de gobierno Mauricio Macri en el centro de las críticas, debido a la creciente cantidad de vetos firmados por el magnate desde que asumió la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ayer, la utilización de esa potestad constitucional superó la marca de 110 vetos firmados en cuatro años, es decir, que el gobierno PRO ya posee un promedio de 27,5 leyes anuladas por año. Esta vez, el dedazo del alcalde llegó a la norma Nº 4110 que establecía, desde el 1 de diciembre, una serie de reformas al Régimen de Asignaciones Familiares para los empleados públicos del Estado porteño. Ese sistema, está reglamentado desde 2003 por la Ley porteña 1208 y fue reformado a finales del año pasado, para ajustar y reglamentar 12 asignaciones familiares, entre ellas, el pago por hijo con discapacidad.
Según el Decreto 71/12, firmado el 16 de enero por Macri y publicado en el Boletín Oficial de este viernes, la anulación que dispuso el alcalde sobre la Ley 4110 no será total, sino parcial y dejó sin efecto los 3000 pesos que había destinado la ley para el monto correspondiente a la asignación por nacimiento de hijo con discapacidad. En el veto, los técnicos de Macri establecen que la ley había establecido una serie de sumas en pesos que no se ajustan al cálculo consignado, es decir, que no coinciden con las fórmulas previstas por la ley. Respecto a la Asignación por Hijo, el jefe de gobierno sostuvo que la ley establecía pagar 600 pesos a cada hijo, pero la base de cálculo aprobada por la Legislatura sólo permitía el pago de 229,50. En el caso de la asignación para hijos con discapacidad, el pago iba a ser de 3000 pesos, pero el texto del veto publicado ayer sostiene que esa cifra sólo “asciende a 1080 pesos para 2012” porque las otras cifras (que implicaban su virtual triplicación), “no eran acordes a la operación matemática prevista” por la reforma que votaron todos los diputados hace 60 días.
La anulación de la ley es parcial, pero no deja de perjudicar a una parte importante de los 160 mil empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires que son padres y esperan, como todos los años, la liquidación de las asignaciones familiares que la ley ha consagrado como un derecho de esos trabajadores. El texto fue redactado por el diputado porteño Julián D’Angelo, del bloque Buenos Aires para Todos, que durante el año pasado, procuró garantizar la sanción de la ley desde la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por Laura García Tuñón, una histórica dirigente docente de la Capital. Para la diputada, los detalles técnicos que utilizó el macrismo para vetar dos partes centrales de esa ley, provocan amargas consecuencias en el bolsillo de los empleados porteños: “Los trabajadores estaban contando con este aumento para el mes de enero, sobre todo la Asignación por Hijo, justo en la época en que hay que empezar a realizar los gastos de preparación para el inicio del ciclo lectivo, en un contexto de aumento del precio del transporte y las tarifas de los servicios.”
Debido al veto parcial que el jefe de gobierno aplicó a las asignaciones por discapacidad, no pudo entrar en vigencia el aumento del Régimen de Asignaciones Familiares para el Personal de la Administración Pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se había votado en diciembre y debería haberse efectivizado en enero. Tuñón se mostró sorprendida por el veto: “Trabajamos esta ley en un ida y vuelta constante con el ministro de Hacienda Héctor Grindetti y la legisladora del PRO Karina Spalla, con quienes logramos los consensos necesarios para aprobar los aumentos, incluídos los que ahora veta el jefe de gobierno”, dijo la diputada. <