Un grupo de abogados laboralistas autoconvocados presentaron ayer una nota ante el Tribunal Superior de Justicia, en la que cuestionan la actuación del titular de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, Juan González Gaviola, y de otros sectores por “la generalización que se hizo” en la investigación que culminó con la detención de abogados y médicos por una estafa realizada en perjuicio de la ART Provincia.
Esa pesquisa fue promovida por González Gaviola el año pasado, luego que se detectara una alta litigiosidad en Córdoba por demandas laborales impulsadas por un mismo grupo de abogados y médicos.
La investigación desarrollada derivó en que el fiscal Enrique Gavier imputara a nueve profesionales por una presunta defraudación en perjuicio de la ART Provincia que cubría a los empleados de la Municipalidad de Córdoba. Los acuerdos judiciales irregulares involucraron a siete mil municipales y el fraude rondó los cinco millones de pesos.
Los abogados critican –sin tener en cuenta que hay profesionales presos al comprobarse certificados médicos falsos y otras irregularidades– que “la generalización de las imputaciones está cumpliendo con el objetivo buscado, que es disminuir la litigiosidad a toda costa, abortando el derecho de los trabajadores a reclamar en sede judicial en defensa de sus intereses conculcados”.
Según los letrados, la “alta litigiosidad no debe imputarse a abogados de trabajadores o de la ART, sí en gran medida a los graves incumplimientos funcionales de la Comisión Médica n° 5 de Córdoba, que sistemáticamente concluyen que los trabajadores no tienen incapacidad o que la que portan es mínima o inculparle”.
Los abogados piden al alto tribunal “en defensa de la seguridad jurídica” que investigue sobre los reparos de legitimidad que pueden poner los jueces de Conciliación sobre 5.000 causas que ellos homologaron”.